¿ES INDEMNIZABLE LA PRISIÓN PREVENTIVA INDEBIDA? - Sagué Abogados penalistas
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¿ES INDEMNIZABLE LA PRISIÓN PREVENTIVA INDEBIDA?

¿ES INDEMNIZABLE LA PRISIÓN PREVENTIVA INDEBIDA?

Cuando una persona cumple la medida cautelar de prisión preventiva y posteriormente se dicta una sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento libre (archivo del caso respecto a esa persona), queda patente que se le ha privado de su derecho fundamental a la libertad, uno de los derechos fundamentales más importantes que protege nuestra Constitución, y algo que, evidentemente, no le va a ser nunca más restaurado, pero ¿tiene derecho a ser indemnizado económicamente? ¿es indemnizable la prisión preventiva indebida?

Efectivamente, parece lógico que este daño causado a una persona inocente debería ser siempre y en todo caso reparado económicamente en la medida de lo posible y de forma proporcional al tiempo que se ha visto privado de este derecho. No obstante, a pesar de tratarse de un razonamiento tan flagrantemente coherente, hasta el pasado 19 de junio del 2019, nuestra legislación no opinaba lo mismo, únicamente permitía el derecho a ser indemnizado a «quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios” (Artículo 294.1 LOPJ). 

Así, para que los jueces españoles concedieran una indemnización exigían no únicamente que el solicitante no hubiera tenido nada que ver con el delito imputado, sino además que el delito en sí no hubiera existido. De esta forma, por ejemplo, aunque se demostrara que esa persona no hubiera tenido nada que ver con ese delito de asesinato, pero igualmente se hubiera producido un fallecido por muerte violenta, esa persona nunca sería indemnizada, pues el delito existió. Es decir, se trataba de un criterio absolutamente restrictivo que impedía la percepción de compensación alguna a todas aquellas personas que habían sufrido meses en prisión preventiva y finalmente habían sido absueltas por razones ajenas a la de «inexistencia del hecho imputado«.

Así pues, podemos afirmar que gracias a la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de junio de 2019, que declara inconstitucionales dos incisos del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se suprime esta distinción tan inaceptable entre inocentes de primera e inocentes de segunda y, en consecuencia, permite que todas aquellas personas que hayan sufrido una situación de prisión preventiva indebida, tengan pleno derecho percibir una compensación por parte de la Administración de Justicia por los daños y perjuicios que les haya producido tal enorme restricción de su libertad.

Todas estas personas contarán con el plazo genérico de un año desde la firmeza de la resolución para reclamar la indemnización que les corresponde. En este sentido, indicaros que en toda España existe una única plataforma on line especializada exclusivamente en tramitar la reclamación de la indemnización por la prisión provisional injusta: www.indemnizacionpresospreventivos.es

En los últimos años, las indemnizaciones ofrecidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a los presos preventivos absueltos por este tipo de «errores judiciales» han oscilado entre los 40 y los 300 euros diarios, atendiendo a una serie de parámetros: como ha sido de penosa estancia en prisión en función de las dolencias físicas o mentales que padece el interno; si la estancia en prisión le ha supuesto algún tipo de enfermedad física o mental; en caso de que se hubiera perdido un trabajo en el exterior; si tuvo que dejar de pagar una hipoteca y le han embargado y ejecutado su piso; si había personas en el exterior a su cargo; cuando el interno tenía hijos menores de edad; en caso de imposibilidad de los familiares y amigos de visitarle entre otras cosas por la lejanía del centro penitenciario, etcétera.

Desde SAGUÉ ABOGADOS PENALISTAS aplaudimos la reciente Sentencia y deseamos que sea ahora el legislador quien cumpla con el citado mandato constitucional y especialmente, con la verdadera aplicación del derecho a la presunción de inocencia, y reforme la legislación sin establecer limitaciones a la responsabilidad pública, es decir, sin priorizar los efectos que todo ello puede causar a las arcas del Estado sobre el derecho de cualquier ciudadano inocente a ser compensado por haber sufrido una restricción indebida de su libertad.



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